Caso Tania Irún: Fiscalía y querella cierran alegatos con contundentes pruebas y exigen su condena
Tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva ratificaron su postura acusatoria contra la exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Rosa Irún Ayala. Durante la ronda de alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia, ambas representaciones resaltaron la existencia de una «prueba contundente e inequívoca» basada en la producción instrumental que compromete severamente la responsabilidad penal de la exmagistrada.
El punto más crítico y revelador ventilado en el juicio gira en torno a la fecha del 23 de noviembre de 2018. De acuerdo con las pruebas expuestas por los fiscales y reforzadas por el dictamen en su momento del Ministro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, Tania Irún no se encontraba formalmente habilitada para estampar su firma en ninguna resolución judicial.
La exjueza se encontraba usufructuando su licencia legal por maternidad. Según los acusadores, esta situación fáctica supuestamente demuestra el dolo de la magistrada, quien acudió a su despacho interrumpiendo su reposo y abandonando a su hijo lactante con el único propósito de emitir la polémica Sentencia Definitiva (S.D.) N° 494,segun expuso el abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociacion Espiritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
De Vargas, ex Fiscal Antidrogas y ex Ministro del Interior, ejerce la querella adhesiva en representación de la organización civil. Este enfatizó que la resolución dictada por la exjueza vulneró abiertamente los artículos 2, 4, 8 y concordantes de la Ley N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Con este fallo presuntamente irregular, se propició la entrega de 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en la zona de protección de Alto Paraguay a empresas extranjeras presuntamente de maletín (Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments), omitiendo verificar los estatutos y la nacionalidad de sus verdaderos accionistas.
La querella recalcó que el voto del ministro Ramírez Candia, emitido ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no deja lugar a dudas sobre el delito cometido por Irún. Se recordó además que el mal desempeño ya había provocado la destitución de la jueza por parte del JEM, una resolución que a su vez quedó firme tras ser ratificada unánimemente por los nueve Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Debido a la gravedad de los hechos y bajo el argumento de que el prevaricato en su modalidad agravada es un delito de mera actividad, el abogado De Vargas solicitó formalmente la pena de seis años de cárcel para Tania Irún. Por su parte, la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, representada por los agentes Christian Benítez y Silvia González, solicitó una sanción penal de tres años de prisión.
Tanto para el Ministerio Público como para la querella, el grado de reprochabilidad es tan alto que ya no existen dudas de que la exjueza será condenada.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Rossana Maldonado e integrado por Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, citó a las partes para continuar el juzgamiento con las réplicas y dúplicas el próximo martes 11 de agosto a las 13:00 horas. Cumplido ese paso técnico, los magistrados ingresarán a deliberar, por lo que ese mismo día quedará definido el quantum (la cantidad de años) de la pena que deberá purgar la acusada.