sábado, septiembre 5, 2026
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Juicio a Hernán Rivas pone bajo la lupa su paso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

El exsenador Hernán Rivas comparecerá este lunes ante un Tribunal de Sentencia para el inicio del juicio oral y público en la causa que lo investiga por los supuestos hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

La acusación del Ministerio Público sostiene que Rivas habría presentado un título universitario presuntamente falso para acreditar su condición de abogado, requisito indispensable para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El proceso judicial trasciende el ámbito penal, ya que una eventual condena o la comprobación de que el exlegislador no cumplía con los requisitos legales para integrar el órgano extrapoder podría reactivar el debate sobre el alcance jurídico de las resoluciones adoptadas durante su gestión.

Rivas no solo integró el JEM como representante del Congreso, sino que también llegó a ejercer la presidencia del organismo, participando en decisiones relacionadas con magistrados, fiscales y defensores públicos.

El caso volvió a cobrar notoriedad luego de que la Justicia hiciera lugar a un amparo promovido en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y ordenara al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados entregar las resoluciones firmadas por el exsenador durante su permanencia en la institución.

Si bien especialistas sostienen que una eventual condena no implica automáticamente la nulidad de todas las decisiones adoptadas por el JEM, coinciden en que el juicio podría abrir una discusión jurídica sobre la validez de aquellos actos en los que intervino Rivas, cuestión que, en su caso, debería analizarse individualmente por los tribunales competentes.

Con el inicio del juicio, uno de los casos de mayor repercusión institucional de los últimos años entra en su etapa decisiva, no solo por la eventual responsabilidad penal del exsenador, sino también por las consecuencias que podría tener sobre la credibilidad y las actuaciones del órgano encargado del enjuiciamiento de magistrados.

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