Congreso exhortó al Poder Judicial a cumplir la Ley de Seguridad Fronteriza
Senado y Diputados urgieron el resguardo del patrimonio estatal en Puerto Casado luego del fallo penal a la exjueza Tania Irún. Las resoluciones institucionales en ambas cámaras son para instar e exhortar al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Defensa Nacional a garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 2532/2005 «Que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay». La postura legislativa busca blindar los inmuebles donados por ley a los pobladores de Puerto Casado tras las actuaciones derivadas del fallo dictado en su momento por la entonces jueza Tania Irún.
A través de la Declaración Nº 549, la Cámara de Diputados manifestó su preocupación ante el riesgo de que maniobras judiciales o acuerdos privados transfieran a terceros el dominio de las tierras aceptadas por el Estado mediante la Ley Nº 3294/2007. Dicha norma dispuso la donación de hectáreas por parte de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y la firma Atenil S.A. para proyectos de la reforma agraria del Indert y la Municipalidad de Puerto Casado. En el mismo sentido, la Cámara de Senadores emitió la Declaración Nº 208 para requerir la inscripción formal de los bienes y evitar decisiones judiciales que contravengan la seguridad nacional.
Las determinaciones del Poder Legislativo toman relevancia en esta etapa final del juicio oral y público que enfrenta la exjueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Tania Carolina Rosa Irún Ayala por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, cuya audiencia se reanuda mañana.
De acuerdo con la acusación fiscal, en noviembre de 2018 la procesada adjudicó 310.000 hectáreas ubicadas en el departamento de Alto Paraguay —dentro de la franja de seguridad fronteriza— a favor de sociedades offshore cuyos beneficiarios finales no fueron acreditados. Durante los alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una condena de tres años de prisión, mientras que la querella adhesiva requirió la pena de seis años de cárcel.