Piden intervención para anular la transferencia de tierras del Chaco tras sentencia
La Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial presentó una nota ante el Ministerio de Defensa para solicitar que la Procuraduría General de la República (PGR) promueva la demanda de nulidad de los títulos de propiedad otorgados a cuatro empresas extranjeras en el departamento de Alto Paraguay.
La solicitud se fundamenta en la Sentencia Definitiva N.° 384, dictada el pasado 18 de agosto en la causa penal seguida a la exjueza Tania Irún Ayala. El tribunal de sentencia absolvió a la procesada del delito de prevaricato, pero dejó asentado en su análisis que la resolución civil firmada por la exmagistrada en noviembre de 2018 contravino la Ley N.° 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Dicha normativa de orden público prohíbe que ciudadanos de países limítrofes o sociedades extranjeras con acciones no nominativas sean propietarios de inmuebles dentro de la franja de 50 kilómetros de la frontera. En el proceso se acreditó que la cesión de 310.000 hectáreas a las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom se concretó sin la verificación de la documentación requerida sobre los accionistas, datos que el Ministerio Público obtuvo de forma posterior en el año 2023.
El abogado de la parte querellante, Francisco De Vargas, se refirió al alcance del fallo judicial y fundamentó el pedido de nulidad formulado ante la cartera estatal.
«Para mí lo principal es que la sentencia recaída en el caso de la exjueza Tania Irún por prevaricato, si bien resuelve declarar su absolución en el considerando, en el análisis para la sentencia el Tribunal manifiesta con claridad y que es indiscutible que la Sentencia 494 del 23 de noviembre del 2018, que es la sentencia que nosotros sostenemos mediante la cual prevaricó Irún, indiscutiblemente violó la ley de seguridad fronteriza», manifestó el profesional
El representante legal explicó que este reconocimiento procesal constituye la base de la pretensión civil planteada. «Eso es lo que nosotros rescatamos de esa sentencia, porque al ser violatoria de la Ley de Seguridad Fronteriza eso genera los argumentos necesarios para accionar judicialmente y lograr la nulidad de esa transferencia ordenada por la exjueza», sostuvo.
Asimismo, De Vargas precisó el objetivo de las acciones impulsadas por la organización. «Aunque absolvieron a la exjueza, la sentencia reconoce que su fallo violó la ley de seguridad fronteriza. Esto permite accionar para anular la transferencia y recuperar las 310.000 hectáreas; no buscamos encarcelarla», afirmó.
A partir de estos antecedentes, la representación de la asociación solicitó al ministro de Defensa, Óscar Luis González Cañete, la aplicación de los mecanismos previstos en el Decreto N.° 7.525/11, a fin de que la Procuraduría ordene el inicio de los juicios correspondientes para restituir la condición jurídica de los inmuebles.